Fuente: elnortedecastilla.es
El experto, un agente destinado en Valladolid, acude como ponente a la comisión creada para estudiar los actuales protocolos
El Seminario de Investigación de Personas Desaparecidas, que reunió en noviembre en la capital a los principales expertos nacionales en la materia, fue el germen del que nació la iniciativa de la asociación de familiares de desaparecidos sin causa aparente Inter-SOS que ha desembocado en la creación de una comisión especial en el Senado sobre la materia (el 23 de abril).
Su misión pasa por estudiar y mejorar los protocolos de actuación ante un problema que sufren 14.000 personas cada año en el conjunto del país y cerca de 300 en la provincia. Los 26 miembros de la comisión, entre los que figuran el exministro Juan Alberto Belloch (PSOE) o Iñaki Anasagasti (PNV), han escuchado ya la opinión de un buen número de expertos –policías, catedráticos, jueces, forenses...–. Y el lunes le tocó el turno al secretario de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses (SECCIF), Antonio Cela, un policía nacional destinado en Valladolid y responsable de la organización del seminario celebrado el año pasado en la ciudad.
El criminólogo llevó al Senado una batería de propuestas «legislativas, asistenciales o de investigación» para establecer no solo mejoras en la búsqueda policial o judicial de los desaparecidos sino también para «poner en marcha protocolos de atención a los familiares que sufren estos casos y para crear la figura jurídica del desaparecido». Esta última cuestión, según explica el propio ponente, vendría a regular y revisar los actuales plazos, de diez años, para dar por fallecido al ausente y alcanzaría también «al ámbito laboral o económico, así como del derecho de Familia, herencias...».
El objetivo del decálogo, elaborado por la Sociedad de Criminología, pasa por «minimizar el dolor que sufren las familias y agilizar los protocolos de investigación policial, judicial y legal que afectan al tratamiento de las desapariciones de personas sin un motivo aparente», resume Antonio Cela, que acudió el lunes a la cita acompañado del forense, también afincado en la capital, y secretario de SECCIF, Aitor Curiel.
Y, ¿qué se puede mejorar? Pues a juicio del especialista, «muchas cosas». Cela reconoce que hay carencias, en el caso de Valladolid, como la «falta de perros adiestrados en la búsqueda de personas –sí los hay de explosivos y drogas–» o, en general, en el hecho de que «solo se activa una investigación criminal si hay indicios de delito». Eso además de destacar la «ausencia de equipos de psicólogos especializados en este área para atender a las familias o de una oficina que centralice la información que deben recibir para estar al tanto del proceso de búsqueda».
Estas y otras propuestas, como la elaboración de una guía de ayuda a los afectados o la reivindicación de la figura del criminólogo en la investigación, forman parte de un decálogo de propuestas elaborado por la Sociedad de Criminología y que la «comisión del Senado pretende incorporar a sus conclusiones».
Un decálogo de propuestas
El decálogo incorpora, además, la petición de crear un «protocolo de colaboración de las instituciones del Estado con los medios de comunicación –inexistente en la actualidad– como mecanismo de ayuda útil en la resolución de estos casos», explica el criminólogo, que relató ante los miembros de la comisión del Senado el caso de un vallisoletano, José Zarzo, que desapareció en 2007 y al que la familia acabó buscando por su cuenta en el río Cega a su paso por Viana ante la falta de medios oficiales para realizar esta labor. El tiempo les dio la razón, su caso ocupó varias páginas de este diario y, al final, se reactivó la búsqueda hasta localizar su cuerpo cerca de aquel punto.
«Lo que hemos reivindicado ante el Senado es la función social de los medios de comunicación serios y su utilidad en este tipo de casos cuando se puede facilitar información oficial –fotografías, perfiles...– que ayude a la investigación», resume el secretario de SECCIF. Que así sea está ahora en manos del Senado.